Mi abuelo siempre me decía que qué listas son las nuevas generaciones que saben usar los ordenadores. Yo siempre respondía lo mismo: «no sabemos ni cuándo es la época de plantar tomates y no sé si me gusta el sabor de los ordenadores«. No es ninguna sorpresa que cada día son menos las personas que se dedican al sector primario (agricultura, ganadería, pesca y minería) y no es ninguna sorpresa que lo que gana alguien dedicado/a a estas profesiones por su producción no es ni un 20% de lo que paga el/la consumidor/a final.

Un poquito de historia

Para ayudar al sector primario y en el contexto de la escasez alimentaria en la Europa tras la II Guerra Mundial, en los años 50, se creó la Política Agraria Común (PAC). Se centró en el establecimiento de medidas con el fin de tener precios asequibles y un nivel de vida equitativo para la población agrícola. En los años 80 aumentó mucho el gasto debido al excedente y en 1992 se llevó a cabo la primera gran reforma de la PAC con la que se consiguieron ayudas a la renta de las personas dedicadas a la agricultura y ganadería y al establecimiento de medidas para mejorar las estructuras. Con la llegada de la Agenda 2000, se alcanzaron acuerdos de disminución de precios institucionales y de la política de desarrollo rural. La tercera reforma tuvo lugar en 2003, aunque no llegó a España hasta 2006, con el «Pago único», mediante el cual las ayudas eran asignadas independientemente de la producción en el futuro, por aquello de que una granizada podía estropear todo el trabajo de un año. En 2008, se comienzan a abordar otros retos, como el cambio climático, la biodiversidad, la energía o la gestión del agua, así como la introducción de otros sectores. En 2013, destaca el pago «greening», que promovía la orientación medioambiental del sector primario. Desde entonces, se está estudiando el restablecimiento de los niveles para conseguir esas ayudas y poder afrontar los nuevos objetivos que se plantean. Todo ello a través de nuevos objetivos estratégicos nacionales diseñados en colaboración con las comunidades autónomas.

Para hacernos una idea de la inversión que supondrá la nueva reforma, aportamos unos datos del Ministerio pertinente. En 2017, 6.678 millones de euros fueron percibidos por un total de 775.000 de personas dedicadas a este sector. Se espera que entre 2021 y 2027 esa cifra ascienda a 44.000 millones de euros. Para ello, nuestro país se encuentra trabajando desde hace tres años en el diseño de una nueva adaptación de la PAC a los nuevos tiempos. Entre los nuevos horizontes se abordarán políticas de género, con la finalidad de que el papel de la mujer en las zonas rurales sea tenido en cuenta, tanto en su presencia como en su capacidad de emprendimiento (aquí te dejamos uno de nuestros artículos pasados en relación a esta temática); la despoblación progresiva en muchas zonas; o el mantenimiento de estas actividades a través del relevo generacional.

España defiende en esta nueva reforma la agricultura familiar, ya que ésta constituye un gran parte de nuestra producción gracias al entramado de pequeñas y medianas explotaciones. Protegiendo, gracias a estas medidas, el medioambiente y la sostenibilidad rural. Pero, ¿dónde está entonces el problema? Hay diferencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas en, por ejemplo, quién debe ser destinatario/a prioritario/a de estas ayudas, ya que cada territorio tiene unas características distintas. Actualmente siguen las conversaciones para encontrar un plan común y enviarlo a Bruselas antes de que termine este 2021, que se apruebe en 2022 y que se comience a aplicar en 2023. En lo conocido hasta ahora, podemos nombrar diez sectores que recibirán estas ayudas: producción sostenible de tomate, producción de frutos secos en áreas de desertificación, producción tradicional de uva pasa, producción sostenible de arroz, producción sostenible de proteínas de origen vegetal, producción sostenible de remolacha azucarera, ganadería de vacuno extensivo, ganadería para el engorde sostenible de terneros, producción sostenible de vacuno lechero y ganadería de ovino y caprino.

Un resumen de los objetivos comunes de la nueva PAC propuestos por la Comisión

Económicos (rentabilidad)
-Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria.
-Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización.
-Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor.

Medioambientales (planeta)
-Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a la energía sostenible.
-Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire.
-Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes.

Sociales (personas)
-Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas rurales.
-Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible.
-Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al desperdicio de alimentos y el bienestar de los animales.

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