Que no nos quiten el activismo

En 2021 cumplo 20 años como Diplomada en Educación Social, llevo tiempo dándole vueltas sobre cómo escribir este artículo, pero sin encontrar la manera de explicar la situación de la profesión sin convertirse en una queja más, como la de muchos/as trabajadores/as sobre su situación laboral. Ahora, en pleno cambio en mi aventura profesional he decidido regalarme este artículo, en fin, es Navidad.

La profesión de las/os educadoras/es sociales es aquella que es invisible en nuestra sociedad, porque trabajamos en esas situaciones en las que la población no quiere pensar: abuso sexual de menores, trata de blancas y prostitución, maltrato, drogodependencias, salud mental, dependencia, prisiones, inmigración, personas viviendo en la calle, centros de menores. Trabajamos con los/as pobres, los/as vulnerables, con aquellos/as a los que no queréis ver, con las/los que sufren por no tener reconocidos sus derechos.

Parte del problema de trabajar en una profesión sin reconocimiento parte de nosotros/as mismos/as. Cuando salimos de nuestro trabajo no queremos hablar de las situaciones a las que nos enfrentamos. Por un lado, por propia salud mental y, por otro, por respeto a las personas con las que trabajamos.

Se nos pide que demos esperanza a aquellos/as que la han perdido, con el objetivo de que se inserten en la sociedad, pero es muy difícil motivar al/a la otro/a cuando nuestro sueldo pende de un hilo. Ese es otro motivo para nuestro silencio, ¿cómo vas a criticar a la administración de la que depende el alimento de tus propios hijos/as?

El servicio que realizamos es público, pero la mayoría de los/as educadores/as sociales no trabajan como funcionarios/as, aunque trabajen directamente dentro de la administración pública, sino que están subcontratados a través de entidades de carácter social o empresas. La administración paga su sueldo a las empresas pero no pagan la estructura necesaria para la gestión de estos contratos, no se paga a los administrativos/as o coordinadores/as de estos proyectos, por lo que su sueldo sale de parte del pago que se realiza al/a la educador/a social que está directamente en la intervención. Por ejemplo, si la administración paga 1.500 euros por un/a trabajador/a, la organización se queda con 300 para pagar los administrativos/as y coordinadores/as que se encargan de la gestión de estos contratos. Para simplificarlo, se trabaja igual que con las empresas de trabajo temporal.

De la misma manera, estas subvenciones y proyectos de la administración no tienen carácter indefinido, sino que se van sacando a convocatoria cada cierto tiempo y las empresas que se llevan el proyecto son aquellas que menor presupuesto dicen necesitar para realizarlo.

La educación social parte de la idea de profesionalizar el activismo, la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos sociales, pero es muy difícil esta lucha cuando tu propio sueldo depende de la misma administración o gobierno que te paga el sueldo. Y te mantiene con condiciones laborales precarias, sin contratos fijos y pendientes año tras año de que la administración decida no solo mantener el proyecto, sino que sea tu empresa la que recibe el contrato.

Estas condiciones laborales nos hace mantener la boca cerrada. Muchos/as de los/as que terminaron la carrera conmigo han optado por cambiar de profesión, los/as que seguimos en la lucha echamos de menos que aquellos/as que tienen la responsabilidad de mirar por mejorar nuestros derechos miren para otro lado. 

Este “ahorro” de la administración pública subcontratando a sus profesionales podría ser mayor si de una vez entendiesen que la educación social se debe dar desde los centros educativos. Petición que se ha puesto de nuevo sobre la mesa con la Ley Rhodes. Si desde pequeños/as se trabaja en la prevención del abuso sexual, drogodependencias o salud mental no nos estaríamos enfrentando en la actualidad al aumento de agresiones sexuales, suicidios adolescentes y abuso de sustancias que se está observando en nuestra sociedad. 

Es llamativo que las profesionales expertas en lo social y en cuidados sean en su gran mayoría mujeres, dejando en evidencia, de nuevo, la brecha salarial en nuestro país.

La necesidad de la educación social como prevención de problemas de conducta y dificultades sociales sigue siendo evidente, tras 20 años una Ley de Educación Social es una necesidad urgente.

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