La economía sumergida es un problema de vital importancia y que se encuentra a la orden del día en España y, por supuesto, en La Sagra

La economía sumergida en España representa en torno al 24,5 % del PIB del país, un problema del que todos/as nos quejamos, lo que nos hace ser el tercer país del mundo con mayor economía sumergida, por detrás de Italia y Grecia, por que, claro, los/as políticos/as siempre han defraudado y siguen defraudando.

    Pero…, ¿nos hemos puesto a pensar que todos/as o casi todos/as, hemos defraudado alguna vez o lo hacemos con normalidad? En general, la mayoría de la población realiza actividades sin declarar, pero es algo bastante aceptado en la actualidad, por lo cual, no nos resulta nada malo ni extraño.

    En nuestra comarca, La Sagra, los/as habitantes hemos experimentado y seguimos experimentando una crisis de una gran dimensión. Eso es debido a la caída del sector de la construcción, lo que ha favorecido mayoritariamente a que nos busquemos la vida. Además, se le ha sumado el empeoramiento de la calidad de los contratos laborales y las condiciones de los mismos, lo que comúnmente se conoce como precariedad laboral. Todo ello deriva en la realización de actividades complementarias que no son legales para conseguir vivir dignamente, pero esto tiene sus consecuencias.

    Para los/as trabajadores/as, resulta una forma de perder derechos tanto laborales como legales, también se pierde la seguridad laboral y la empleabilidad, a lo que hay que añadir el miedo a ser descubierto y el riesgo de sanciones.

    En lo que a las empresas se refiere, se crea una situación de competencia desleal entre las mismas, una espiral creciente de economía sumergida, de la que es difícil salir, normaliza una cultura general de evasión de la normativa en todos los aspectos y, por supuesto, supone una pérdida potencial del mercado muy notable.

    Y sin olvidarnos de la sociedad, que sufre grandes pérdidas en ingresos por IRPF, cuotas de seguridad social e IVA, reduciendo así el dinero que se debe o puede destinar a servicios e inversiones públicas. Además, existe la imposibilidad o gran dificultad de controlar la calidad de los puestos de trabajo, sin antes tener en cuenta la pérdida de respeto hacia las leyes.

    Y claro, todos/as nos podemos quejar porque no tendremos pensiones de aquí a un futuro no muy lejano o una remuneración de desempleo digna. Algo, que no está mal que hagamos, porque en verdad nos lo merecemos y lo deberíamos tener, pero la pregunta es: ¿hacemos los méritos necesarios para poder quejarnos? Esto ocurre debido a que no vemos a un sistema de políticos/as legales y fiables, entonces tomamos la decisión de que si ellos/as, que son los/as que se deberían preocupar por realizar estas actividades de forma legal y correcta, no lo hacen o no se molestan en ello, ¿por qué tendríamos que preocuparnos nosotros/as?