El 13 de octubre de 2021 abrieron de forma presencial las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), después de un año y medio de atención telemática. Esta Orden, que viene dada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, entró en vigor el 1 de octubre y obligó a volver al trabajo presencial a 230.000 funcionarios/as, según datos del 2018, 9.000 son trabajadores/as del SEPE.

Cuando se publicó la Orden, leí la noticia sobre la queja del personal funcionario y los sindicatos por volver al trabajo presencial cuatro días en semana (un día seguirá siendo de teletrabajo) y me sorprendí.

Apoyo la idea de que es necesario aumentar el personal, la conciliación familiar y la utilización de las nuevas tecnologías. Por otro lado, la pandemia ha provocado el colapso de algunas administraciones públicas debido al número de personas a la espera de ser atendidas.

Pero parece que olvidamos las necesidades de la ciudadanía.

Desde el 15 de marzo del año 2020, las gestiones de la Seguridad Social (Ingreso Mínimo Vital o darse de alta para poder acceder a Sanidad), Hacienda, Extranjería y Oficinas de Empleo (prestaciones por desempleo), se hacen online. En el inicio de la pandemia era algo entendible, con los colegios y los centros de día de mayores cerrados, todo el mundo tenía incertidumbre y todos/as nos teníamos que quedar en casa. Pero según han ido pasando los meses y hemos ido sabiendo más sobre esta enfermedad, la falta de atención directa por parte de las administraciones públicas pasó de ser incomprensible a indignante.

En mí caso, educadora social de los servicios sociales, este hecho me ha afectado, como a todo el mundo, en lo personal, pero también en lo laboral.

Además del trabajo propio de servicios sociales, hemos atendido a personas para cogerles citas médicas, después empezamos a gestionar la petición para las prestaciones por desempleo, seguimos con las altas en la seguridad social para poder acceder al servicio de salud, citas con extranjería y, al final, lo que nos echen. La otra opción es dejar a familias enteras sin alimento o que no se respeten sus derechos como ciudadanos/as.

A partir del 21 de junio de 2020, vamos a nuestro centro de trabajo todos los días y realizamos todas nuestras entrevistas presencialmente. Ninguna de nosotras hemos sido contagiadas. Con lo cual, la atención presencial por parte de las administraciones es posible y, además, necesaria.

No todas las familias tienen acceso a internet, el alfabetismo digital es una asignatura pendiente en nuestra sociedad, pero al margen de eso, ¿dónde queda nuestra humanidad, el contacto con el/la otro/a, la escucha activa? Porque cuando una persona se pone en contacto con estas administraciones lo hace en un momento de crisis personal, de estrés y preocupación. Y se han encontrado que no sólo no se les atiende presencialmente, tampoco la comunicación telefónica ha sido posible. Ni para el/la ciudadano/a ni para los profesionales, que tampoco contábamos con coordinación directa con las administraciones para que nos explicasen cómo llevar a cabo esas gestiones.

Vuelvo a mencionar el hecho de que los servicios públicos necesitan una inyección de personal para que las administraciones dejen de estar saturadas, pero hay que estar cuando se nos necesita, si no dejarán de hacerlo.

Esta línea de pensamiento es la misma que tuve hace años, cuando los bancos empezaron a obligarnos a hacer gestiones online, con el beneplácito de sus trabajadores/as.

En cifras, solo este año 2021, en banca se han despedido a 5000 personas, 100.000 desde 2008.

Igual que está pasando con los bancos, mucho del trabajo que se realiza desde las Administraciones Públicas puede no solo ser digitalizado, como ha pasado durante la pandemia, sino también externalizado si se observa que la eficiencia es igual o mejor con este tipo de contratación y gestión externa.

De hecho, el mismo 13 de octubre, saltaba otra noticia, el SEPE externaliza la gestión del paro, a la vez que despide a 1.500 trabajadores/as.

A veces parece que el ruido en la televisión y en las redes nos vuelve ciegos/as ante la deshumanización en la atención al/a ciudadano/a, que hace aumentar más la brecha social entre las personas que tienen sus necesidades cubiertas e hipercubiertas y aquellas que no pueden ni satisfacer sus necesidades básicas. No es nuevo, igual que se hereda la riqueza se hereda la pobreza. Y parece que cada vez se lo ponen más difícil a los/as que no pueden pagarse el acceso a internet, que no saben usarlo, o no saben leer o entender lo que piden a la hora de gestionar, lo que puede ser, la prestación que alimente a sus hijos/as en momentos de crisis. Las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida en muchos aspectos, pero solo si tenemos acceso a ellas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi un 35% de los/as españoles/as no sabe cómo comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos por no tener los conocimientos o los medios necesarios. Esto provoca, de forma inevitable, el aumento de la desigualdad social.

El resto nos debemos preguntar si éste es el servicio que queremos y si es así como necesitamos ser tratados/as por las empresas y la administración. Nunca es demasiado tarde para exigir ser atendidos/as por personas y no por respuestas robotizadas.  Sobre todo, porque a las empresas las pagamos para que mejoren y faciliten nuestra calidad de vida. Y eso mismo pasa con la Administración Pública.

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